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La municipalidad del centro poblado Relave de Ayacucho, en coordinación con el Frente de Defensa y la Asociación AMAARPPA, acordó el lunes pasado una serie de medidas restrictivas para los ciudadanos extranjeros asentados en la zona. Según un documento difundido por Exitosa, como resultado de la reunión, se decidió otorgar un plazo de 24 horas para que abandonen voluntariamente la comunidad.
Además, se estableció una estricta prohibición para contratar extranjeros con sanciones para quienes infrinjan esta norma. “La población de Relave acuerda no dar trabajo a extranjeros. Si en caso dieran trabajo a extranjeros, serán sancionados bajo acuerdo de libro de acta de población”, se especificó en el acuerdo.
Las autoridades locales también pactaron imponer una multa de S/ 3,000 a quienes alquilen viviendas o cuartos a extranjeros, sin especificar el impacto de la medida. Igualmente, las minas que empleen trabajadores extranjeros deberán pagar una multa similar y enfrentar el cierre temporal de operaciones por 15 días.
Estas medidas fueron adoptadas debido a los constantes hechos de violencia que han afectado a los habitantes de Relave. “Hay familias que están siendo extorsionados y amenazados de muerte por unos extranjeros venezolanos. Este acuerdo es para salvaguardar a los pobladores”, se lee en la parte final del texto.
En octubre pasado, la administración de la presidenta Dina Boluarte aprobó un decreto que obliga a los arrendadores y establecimientos de hospedaje a registrar en una plataforma digital de Migraciones a los extranjeros que alquilen o se hospeden en sus viviendas con el objetivo de “asegurar el orden público”, según el decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
El texto detalla que los establecimientos de hospedaje tendrán un plazo de 30 días para cumplir con diversas disposiciones migratorias, como exigir la presentación de documentos de identidad o viaje de los extranjeros. Además, los hospedajes deberán permitir el acceso de Migraciones al registro para realizar tareas de fiscalización y verificación.
Las infracciones a estas disposiciones conllevarán sanciones económicas, las cuales, según especialistas, son discriminatorias e inaplicables. “La multa para los establecimientos de hospedaje que no soliciten esta información o no remitan el registro de la persona extranjera a Migraciones variará entre 1 y 2 UIT”, lo que equivale a entre 5,150 y 10,300 soles (aproximadamente 1,270 a 1,370 dólares), según el valor de la UIT para 2024.
Por su parte, Boluarte adelantó que el Ejecutivo impulsará ajustes para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, como la exigencia de contratos de trabajo y de alquiler. También pidió a los propietarios de inmuebles que tengan cuidado con “a quiénes alquilan” sus viviendas, con el fin de “luchar contra el crimen organizado” y garantizar la seguridad en el país.
Anteriormente, la gobernante había afirmado que los migrantes, en su mayoría venezolanos y haitianos, son responsables de la creciente criminalidad. Para enfrentar este problema, declaró el estado de emergencia en las zonas fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, con el objetivo de reforzar el control sobre los ciudadanos extranjeros en el país.
Boluarte también señaló que es necesario reformar la ley de extranjería para abordar la relación entre la migración y la inseguridad ciudadana. Además, aseguró que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) “permitió el ingreso libre por el norte” de migrantes, y según sus datos, en ese tiempo ingresaron al país 800.000 venezolanos y “otros tantos haitianos”, a quienes responsabilizó de la criminalidad sin hacer distinciones.
