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Madrid, 4 dic (EFE).- El Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que mejorará la protección laboral de los donantes en vivo de órganos y tejidos reconociendo su derecho a la baja laboral sin la exigencia de un periodo de cotización, y a un permiso retribuido para la realización de las pruebas previas a la donación.
La iniciativa, no obstante, deberá regresar al Congreso, que ya le dio luz verde a mediados de octubre, después de que el PP haya incorporado una enmienda para que las ampliaciones posteriores de beneficiarios tengan que ser planteadas en las Cortes y no directamente por el Gobierno como señalaba el texto original.
En concreto, la enmienda de los populares, que ha defendido la senadora Rocío Dívar, establece que, «en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno elaborará un informe de evaluación de sus efectos, así como la posible extensión de su ámbito de aplicación, que será remitido a las Cortes Generales».
A falta de votación, todos los partidos, a excepción de Vox, han mostrado su acuerdo con la propuesta, aunque algunos han lamentado el retraso que la enmienda va a suponer en la tramitación de esta ley, empezando por el PSOE.
La portavoz Pasión Gador Romero ha censurado que lo que quiere el PP es tan solo «una modificación estética» que es «perfectamente prescindible» porque ya lo contiene el texto de la proposición de ley.
Romero ha recordado el liderazgo de España en la actividad de donación y trasplantes durante las tres últimas décadas; solo en 2023, la donación en vivo se creció un 24 % gracias a personas generosas y altruistas que merecen ser protegidas social y laboralmente por ley, ha remarcado.
Se trata así de agradecerles ese gesto considerando las donaciones como supuestos especiales de incapacidad temporal, lo que les reconocerá su derecho a la baja laboral sin el requisito de un periodo de cotización mínima para acceder a la prestación económica, la cual será del cien por cien de la base reguladora desde el primer día.
El texto modifica además el Estatuto de los Trabajadores para introducir un permiso retribuido que permita a estas personas por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de información y exámenes clínicos, incluida la exploración médica, previos a la determinación de idoneidad, así como para la prestación del consentimiento, cuando todo ello coincida con su jornada laboral.
Desde el Grupo Parlamentario Plural, Francesc Xavier Ten Costa también ha censurado que una enmienda de una disposición adicional vaya a ralentizar el reconocimiento de la protección jurídica de estas personas.
Porque pueden pasar «cosas tan terribles» como ser despedidos de su trabajo o tener que perder días de vacaciones porque las intervenciones quirúrgicas que implican la donación son voluntarias, ha incidido Nerea Ahedo, del PNV, que ha celebrado que por fin se vaya a «despenalizar lo que debería estar despenalizado desde hace mucho tiempo».
Igualmente, Fabián Chinea, del Grupo de Izquierda Confederal, ha insistido en la necesidad de salvaguardar los derechos de los donantes en un país que encabeza mundialmente esta actividad.
Mientras, el senador de Vox Fernando Carbonell ha sido el único en mostrar su rechazo al texto porque considera una «incongruencia» que no contemple a autónomos y desempleados y discrepa tanto la forma como el fondo de la propuesta. EFE
