
El caso de corrupción de Centros Poblados que estalló en agosto del 2021, durante la administración del ahora expresidente Iván Duque, llevó al empresario Emilio Tapia a comparecer ante la justicia. El excontratista habría participado en el desfalco de miles de millones de pesos que iban a ser invertidos en la implementación de cobertura de internet en varias escuelas ubicadas en zonas rurales del país.
Con la adjudicación del contrato 1043 de 2020, a la Unión Temporal Centros Poblados, se tenía planeada la instalación de 7.727 centros digitales, pero eso nunca pasó y el dinero invertido para ello se perdió. Por eso, la Unión Temporal deberá pagarle al Estado $87.027 millones.
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Por este caso, el empresario en cuestión llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para recibir beneficios en su situación jurídica. Acordó entonces que pagará una pena en prisión de seis años por la comisión de tres delitos. Además, aseguró que devolverá $5.000 millones por los daños causados por los actos de corrupción, de los cuales ya regresó $2.500 millones. El restante del dinero se verá reflejado en la entrega de bienes que tiene en Medellín. Cundinamarca y Girardot.
Así las cosas, el procesado aceptó ser responsable de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. No obstante, hace falta que un juez de conocimiento avale el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía para que este sea ejecutado.
En desarrollo…