Los jefes provinciales están haciendo llegar sus reclamos al Gobierno con la mirada puesta en el Presupuesto 2025 y lo hacen de distinto modo: declaraciones, contactos reservados y postales de sus movimientos. Una nueva expresión de conjunto está prevista para este miércoles y retratará el debut del bloque “Región Litoral”, integrado por media docena de gobernadores de diferente origen partidario. Las demandas no son nuevas, más bien exponen arrastre y malestar por las dificultades para lograr avances significativos en el juego que plantea la relación con ministros y el círculo más cerrado de Olivos. Lo que viene, entonces, incluye y supera al Congreso. Es una disputa política crucial.
La creación o revitalización de bloques provinciales es un dato de doble sentido para el oficialismo. Le abre el espacio de las negociaciones más allá del terreno legislativo, pero a la vez expone un síntoma de las reacciones locales frente al ajuste y el núcleo básicamente fiscalista de su política económica. Ese cuadro se hace visible cada vez que aparece un desafío en el Congreso -Ley Bases, vetos presidenciales, en primera línea- y en este caso agrega que se trata, precisamente, del proyecto que define partidas y destino de fondos.
El encuentro de la “Región Litoral” es presentado formalmente como una decisión integradora para promover el desarrollo específico de ese grupo de distritos y ratificar federalismo. Ninguno de sus promotores se limita a difundirlo exclusivamente de ese modo. Más bien, la lectura apunta a la capacidad de coincidencia como jefes provinciales frente al poder central que, pincelada destacada de las últimas elecciones, no cuenta con mandatarios “propios”.
Esta vez, el tablero muestra a tres gobernadores radicales junto a uno del PRO, otro del PJ y uno más de un espacio provincial. Son, ese orden, el santafesino Maximiliano Pullaro, el correntino Gustavo Valdes y el chaqueño Leandro Zdero, el entrerriano Rogelio Frigerio, el formoseño Gildo Insfrán y el misionero Hugo Passalacqua. En lo que va del año, ya hubo señales de impulso o reactivación del Norte Grande, la Patagonia, el Centro. Nada atado a la casualidad.
Los reclamos de varios gobernadores van de la mano con un contrapunto sobre la poda de gastos. Sostienen que sus distritos hicieron este año un duro ajuste y que, de hecho, el Gobierno nacional debería revisar sus cuentas. Algunos, incluso dicen contar con módicos números de superávit, pero ponen el foco en el supuesto incumplimiento de compromisos, viejas deudas y manejo de fondos discrecionales.
El punteo incluye en general los problemas que enfrentan algunos distritos sobre la trasferencia para cajas de jubilaciones, la parálisis de obras públicas y, en algunos casos, las trabas para reactivar obras por deudas del Estado nacional con contratistas. A eso se añaden incumplimientos de anteriores pactos. La cuestión gravitante, de todos modos, es política y no sólo presupuestaria.
Los contactos se producen por distintas vías. Por supuesto, Guillermo Francos es el principal interlocutor. Opera de manera destacada, en esa área, Lisandro Catalán. Y no faltan contactos y reuniones con Luis Caputo, las últimas con gobernadores peronistas de buen trato con la gestión de Milei. Sin embargo, no es inhabitual la queja por problemas concretos para avanzar con respuestas efectivas, atadas también a la resolución del círculo presidencial más estrecho.
La discusión del Presupuesto 2025, por ahora en comisión de Diputados, acaba de anotar un primer capítulo ruidoso con la participación de Patricia Bullrich. Antes que la ministra, habían pasado con menos repercusión dos funcionarios destacados de Economía: Carlos Guberman y Pablo Quirno. Y, en cuanto a los convocados, una línea de tensión es alimentada por la negativa a exponerse sostenida por Luis Caputo.
Es probable que algunos gobernadores expongan en esta etapa de comisión. Miguel Angel Pichetto ya habló personalmente con algunos de ellos para invitarlos. No es el único. También la UCR apunta a convocar mandatarios de su espacio. Y se verá qué ocurre con UxP. El tono expondrá cómo están las tratativas con el oficialismo nacional.
El Gobierno enfrenta en el caso del Presupuesto un tablero que ni siquiera se ajusta al esquema de aliados y trabajo sobre fisuras de otros espacios que le permitió sostener el veto a la ley de financiamiento universitario. Esto último abre el tema de discusión sobre las partidas destinadas a Educación. Pero el punto, en sentido más amplio, es que los jefes provinciales atienden sus necesidades antes que los alineamientos nacionales.
El ejemplo más claro, en relación con el debate presupuestario, lo expone el PRO, principal aliado del oficialismo: sus tres jefes de distrito y dos aliados se mueven con diferente grado de autonomía. En rigor, hubo alguna señal con el referido veto presidencial, aunque sin llegar a comprometer la votación. Los amarillos y la UCR, de manera llamativa, sólo conservan la marca de JxC a nivel de los gobernadores. Es un reflejo de conjunto para mostrar mayor peso frente al gobierno nacional.
La fragmentación de la política va de la mano con el juego particular de los gobernadores, cada vez menos atados a estrategias de partidos o coaliciones nacionales. Le ocurre también al peronismo/kirchnerismo, que sostiene mejor las posiciones como bancadas en el Congreso, aún con fisuras, y hace rato perdió condición de liga entre los gobernadores.
Los negociadores del Gobierno trabajan sobre ese terreno, que le permite sumar fracciones o cerrar acuerdos específicos, aunque demanda mayor despliegue de contactos. En el caso del Presupuesto, deja correr como advertencia que, sin no hay trato, Milei se manejaría con prórroga presupuestaria -tema de potencial judicialización- y podría hacerlo de manera discrecional. Las consideraciones giran además en torno de las necesidades provinciales y la llegada del año electoral, como si eso mismo fuera algo exclusivamente ajeno.
Son cálculos por ahora de escritorio. El problema de fondo sigue siendo el mismo para Olivos: su construcción política y la lógica unilateral que reduce todo a la disputa como grieta. El fracaso del Presupuesto sería una señal en todas direcciones, es decir, un hecho político fuerte con proyección en materia económica y en el frente externo. Podría anticipar la retracción de decisiones –inversiones y financiamiento– bastante antes de entrar en el vértigo electoral. Eso mismo le otorga carácter decisivo a la disputa ya abierta en el Congreso.