La mañana del domingo 27 de octubre de 2024, el expresidente boliviano Evo Morales denunció haber sido víctima de un atentado cuando se dirigía de Villa Tunari a Lauca Ñ.
En una declaración que generó una ola de reacciones en América Latina, Morales responsabilizó directamente al actual presidente de Bolivia, Luis Arce, y a la reciente administración del Comando en jefe de las Fuerzas Armadas, posesionada apenas la noche anterior.
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El incidente trascendió rápidamente las fronteras bolivianas y provocó una respuesta del presidente colombiano Gustavo Petro que, en su cuenta de X, expresó su solidaridad con el exmandatario boliviano: “Toda mi solidaridad a Evo, el fascismo asciende en toda América Latina. Ya no es solo la eliminación jurídica; ahora pasan a lo de siempre: la eliminación física de quienes piensan diferente”.
En ese sentido, el primer mandatario colombiano aseguró que que este tipo de ataques ponen en peligro la democracia en América Latina y reflejan la ruptura de las derechas con el pacto democrático, por tal motivo, el mensaje de Petro fue interpretado como una postura firme en defensa de Morales, pues manifestó su rechazo a lo que consideró un intento de eliminar físicamente a figuras de izquierda en la región.
Pero, la reacción de Petro generó controversia, pues la senadora opositora María Fernanda Cabal, conocida por su postura crítica hacia el mandatario colombiano, aprovechó la situación para cuestionar el apoyo de Petro a Morales en un momento delicado para el exlíder boliviano.
Cabal, en un comentario publicado también en X, cuestionó el respaldo de Petro a Morales, pues destacó los señalamientos legales en su contra: “Petro defendiendo a Evo, acusado de violar a una menor de edad. No es de extrañar”.
En su publicación, la senadora hizo referencia a las recientes denuncias por abuso sexual que rodean a Morales en Bolivia, donde se le acusa de violación y trata de personas.
El 23 de octubre de 2024, el gobierno boliviano anunció que brindará protección a dos mujeres que acusaron a Evo Morales de abusos cometidos durante su mandato cuando las víctimas eran menores de edad.
La denuncia, respaldada por la directora de Género y Familia de Cochabamba, Tatiana Herrera, fue acompañada de señalamientos sobre amenazas que han recibido las denunciantes y la propia Herrera, supuestamente de personas allegadas al expresidente.
Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Roberto Ríos, confirmó que la Policía Boliviana garantizará la protección de las víctimas y la transparencia en el proceso judicial, ante el temor de represalias.
La investigación ha generado una fuerte tensión al interior del país del altiplano donde seguidores de Morales mantienen bloqueos en la región central de Cochabamba, con el fin de exigir que los procesos judiciales contra el exmandatario se cierren; como también, soluciones a la escasez de alimentos y combustibles, y el adelanto de las elecciones de 2025.
Por otro lado, la protesta ha sido percibida por el gobierno de Arce como un intento de silenciar a las víctimas y de presionar para que Morales pueda postularse nuevamente como candidato del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS).
El distanciamiento entre el presidente Arce y Morales creó un cisma en el oficialismo boliviano en el que se logró evidenciar diferencias políticas profundas que fracturaron el MAS desde 2021.
Morales, que se refugió en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con un fuerte respaldo sindical y político, intensificó sus críticas a la administración de Arce, a la que responsabiliza de haber traicionado los principios de su partido.