
Maritza Martínez Aristizábal, exsenadora colombiana por el partido de La U, actualmente magistrada del CNE, ha mantenido su influencia política en la región de la Orinoquía desde 2010, donde supuestamente heredó el legado de su esposo, Luis Carlos Torres Rueda, quien renunció al Senado en 2007 en medio de investigaciones por parapolítica.
Según Cuestión Pública, Torres Rueda fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría debido a irregularidades en la contratación durante su gestión como gobernador del Meta. Aunque las investigaciones por sus presuntos vínculos con paramilitares no han resultado en acusaciones formales, su figura sigue siendo controvertida.
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Luis Carlos Torres Rueda ha sido mencionado en investigaciones por sus presuntos nexos con paramilitares, según informes de Indepaz y la Fundación Paz y Reconciliación.
La Corte Suprema de Justicia ha indagado sobre estas relaciones, aunque hasta ahora no se han concretado acusaciones. En un caso documentado, Torres Rueda habría ofrecido una suma de dinero a través de intermediarios para influir en el gobierno de Edilberto Castro, en el Meta, según la Fiscalía General de la Nación.

El Ministerio Público aseguró que existen pruebas suficientes sobre la omisión de Torres Rueda al asumir la representación legal del Meta, permitiendo que terceros manejaran los procesos contractuales del departamento. Esta falta fue calificada como gravísima a título de dolo, según el Procurador General de la Nación, entre el 2001 y 2009, Edgardo José Maya Villazón.
La senadora Martínez ha sido reelegida en varias ocasiones, con 73 mil votos en el periodo 2014-2018 y casi 65 mil para el 2018-2022. Durante su carrera, ha formado parte de la Comisión Quinta, que aborda temas relacionados con la agricultura, el medio ambiente y el sector minero-energético.
Su familia tiene intereses en estos sectores, lo que ella misma ha reconocido como posibles conflictos de interés en su declaración juramentada.
Los aportantes a las campañas de Martínez han suscrito contratos por más de 35 mil millones de pesos desde 2010, según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la relación entre sus campañas políticas y los contratos públicos.
En el ámbito familiar, Maritza Martínez nació en Villavicencio y es madre de dos hijas, una de las cuales fue contratista del gobierno de Iván Duque. Este hecho coincidió con su abstención en la votación de las objeciones a la JEP.