Retiran a Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México tras irregularidades en su nombramiento
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En una acción diplomática, Moisés Ninco Daza fue removido de su puesto como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en México, conforme a lo establecido en el Decreto 1159 del 13 de septiembre de 2024. Esta medida se tomó después de que, hace algunas semanas, el Consejo de Estado anulara su nombramiento de manera definitiva, al concluir que este habría estado plagado de irregularidades.
El decreto, firmado por el canciller Luis Gilberto Murillo, detalla claramente el proceso y las implicaciones del retiro de Ninco Daza del servicio diplomático. Por otro lado, el documento también especifica las condiciones del retorno del diplomático al país, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 274 de 2000, y establece que las erogaciones correspondientes serán cubiertas por los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio del mismo Ministerio.
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El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado de la sección quinta, Omar Barreto, ratificó que Álvaro Moisés Ninco Daza no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo de embajador de Colombia en México. Según la decisión del alto tribunal, el ahora exfuncionario carecía de la trayectoria necesaria en la carrera diplomática, además de no contar con un título académico, maestría, o los meses de experiencia en funciones diplomáticas que la ley demanda para dicho nombramiento.
La corporación también señaló que se violó el derecho de participación ciudadana, ya que no se evaluaron las observaciones presentadas por el sindicato de Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) antes del nombramiento.
Asimismo, se determinó que no se agotó el trámite de publicidad de la hoja de vida de Ninco Daza, lo cual “genera una fractura del principio de la democracia participativa, aspecto fundamental de la Constitución Política”, tal como señaló la ponencia del magistrado Barreto. Esta serie de incumplimientos llevó a la nulidad definitiva del nombramiento, confirmando las irregularidades en el proceso de designación.
