El futuro de la reforma pensional en Colombia, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro, quedó oficialmente en manos de un conjuez luego de que la Corte Constitucional notificara a Carlos Pablo Márquez Escobar para que informe si acepta o no asumir la decisión final sobre la Ley 2381 de 2024.
La Sala Plena acudió a esta figura excepcional por el empate entre los magistrados, una situación que paralizó el trámite y que solo puede resolverse con la intervención de un integrante externo habilitado para desempatar.
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La designación de Márquez se hizo mediante sorteo, tal como lo contempla el reglamento interno de la Corte cuando hay recusaciones o impedimentos que alteran la conformación habitual de la Sala Plena.
En este caso, el empate se produjo tras la salida del magistrado Héctor Carvajal, apartado del debate luego de que prosperara una recusación presentada por la senadora Paloma Valencia.
La congresista argumentó que Carvajal había asesorado previamente a Colpensiones sobre aspectos de la norma que ahora revisa la Corte, lo que constituía un conflicto directo con su imparcialidad.
La Sala Plena aceptó la recusación y recordó que la ley prohíbe que un magistrado intervenga en un proceso constitucional cuando haya emitido concepto previo sobre el asunto objeto de revisión.
Con la exclusión de Carvajal, el cuórum se redujo a ocho magistrados, lo que abrió paso a un equilibrio perfecto: cuatro votos por tumbar la reforma y cuatro por mantenerla.